DE LOS COLLARES DE CUENTAS DE VIDRIO Y OTROS ENGAÑOS

Esta semana entró en vigencia la Primera Contratación Colectiva Única (ICCU) que regirá el destino  de las universidades públicas venezolanas durante dos años. Lo que ocurra después es totalmente incierto, por cuanto el contrato no sólo no aclara las acciones a seguir al término del mismo, sino que explícitamente establece que no se puede hacer ningún tipo de modificación ni mejora durante su vigencia. Así, si la inflación del año entrante supera la de este, escenario bastante probable dada la ineptitud de este gobierno, nos tendremos que conformar con el 25% de aumento establecido.

Esta inseguridad futura es una de las tantas cosas que aceptaron los sindicatos de izquierda que se sentaron con el gobierno a negociar la ICCU, ignorando las demandas del otro sector universitario que mayoritariamente se ha mostrado siempre en contra del régimen. Hace tiempo ya que en Venezuela la voz de la mayoría es ignorada al elegir presidente, asambleístas y, ahora, el futuro de las universidades.

  

Los sectores universitarios menos preparados intelectualmente, pero con rodillas más flexibles,  se erigen (al menos así se lo hace creer el gobierno) como  artífices de esta contratación, cuya lectura nos hacen recordar los collares de cuentas de vidrio que los conquistadores entregaban a los indígenas, a cambio de oro. Y es que la analogía no podría ser mejor: beneficios económicos, relativamente atractivos pero peligrosamente inviables, a cambio de la violación de la ley de universidades y de la constitución, particularmente el  artículo 109, uno más de tantos artículos violados, que garantiza que las universidades se rijan por su propio criterio.  Según estos sectores, la academia (palabra despreciada por aquellos profesores, empleados y obreros que no la entienden y/o no la practican), es soslayable.  Al fin y al cabo son ciegos seguidores de un gobierno que, con un presupuesto por años reconducido,  ha venido violando consistentemente el deber del Estado de otorgar recursos suficientes a las universidades, consagrado en el artículo 110 de dicha Constitución,  mas en época de abundancia.

Desgranemos las cuentas del collar que estos sindicatos han aceptado:

1)    Se ofrece un Sistema Integrado de Salud que cubra a trabajadores activos, contratados, jubilados, pensionados, sobrevivientes y su grupo familiar. Sin embargo, el penoso estado de los centros asistenciales públicos nos dan fe de la incapacidad de este gobierno en materia de salud, similar a la de nuestros administradores del IPP. Ello, aunado a la tradicional insolvencia de las aseguradoras públicas nos indican que un seguro privado será nuestra mejor alternativa, siempre que lo podamos pagar.

2)    Esta misma insolvencia gubernamental es la que nos hace preguntarnos cuánto tiempo deberán esperar el trabajador o sus familiares para cobrar el seguro de accidentes personales y de vida, según sea el caso, ofrecido en el contrato, “sin costo alguno para los trabajadores”. Esperemos también que no pase mucho tiempo para que los familiares reciban el reintegro de los gastos fúnebres contemplado en el contrato. Téngase presente que los sindicatos serán los que negocien dichos seguros!!!

3)    Exámenes médicos periódicos: ¿en las mismas instalaciones desabastecidas por  el gobierno o cubiertos por las insolventes aseguradoras públicas?

4)    Cobertura del 100% del costo de los medicamentos: esta es una de las cuentas más llamativas del collar: ¿Hay medicamentos disponibles? ¿Nos los van a pagar incluso si los compramos en el exterior? Conozco casos de personas que han tenido que traer de afuera los medicamentos para su tratamiento de cáncer, porque ni en el VADAM no los hay. ¿Estará vivo el paciente para cuando el gobierno apruebe su pago o, incluso, el reembolso?

5)    Acceso a IPASME: Me pregunto si el gobierno habrá estudiado el impacto que sobre esta institución, de por si colapsada, tendrá el que ahora TODOS los trabajadores universitarios tengan acceso a tal servicio.

6)    Planteles educativos, incluyendo educación inicial,  dentro y fuera de las instalaciones universitarias para atender a los hijos de los trabajadores. ¿Habrá el gobierno hecho el estudio de la viabilidad de esta oferta, del costo de construcción y dotación de las nuevas edificaciones y de la contratación del personal requerido para atenderlas?

7)    Construcción de viviendas: ¿ello ocurrirá después o antes de que el Ministerio de Vivienda y Hábitat termine de construir las ciento de miles de viviendas ofrecidas y aun no realizadas? ¿Tiene el Estado recursos para ello? Temo que ya el enviado de Dios nos dejó sin nada.

8)    Facilidades para la adquisición de otro artículo en vías de extinción, vehículos: ¿será que el gobierno va a garantizar que haya vehículos para adquirir? 

¿No sería conveniente que el gobierno otorgara los ajustes salariales como es debido y le dé al trabajador la libertad para poder contratar el servicio de salud de su preferencia, o adquiera el vehículo y la vivienda a su alcance? Sin duda que sería un beneficio real para el trabajador y no una mera oferta de ilusiones. En cambio, con la ICCU no se harán viviendas, se caerá en mora con los seguros, etc. Por que habrían de cambiar las cosas ahora que ya el tesoro publico ha sido saqueado?

¿Qué sacrificaron estos “representantes” universitarios a cambio de tan preciosos cristales (ignoré  adrede algunas otras ofertas de la ICCU porque resultan penosas, como por ejemplo el reducido número de alumnos por aula o el acceso a recreación)?: Primera, la seguridad de la que hablábamos inicialmente. Con todo y que las normas de homologación fueron violadas por gobiernos anteriores, siempre fue posible proyectar gastos a futuro con base en un sueldo que sabíamos que de uno otra manera se aumentaría. Podemos hacer tales proyecciones con un gobierno que no otorgó aumento alguno durante los años de mayor riqueza petrolera?  Segundo, el derecho de las universidades a regirse por sus propios criterios; la ICCU no resuelve las ineficiencias de tales criterios y elimina sus bondades. Tercero, los jubilados. La ICCU otorga al gobierno su tan anhelado trato diferencial a los jubilados. La clausula 60 habla de los porcentajes de ajuste aplicables a los jubilados, los cuales son muy diferentes a los de los activos de similar condición. Tales porcentajes solo benefician a los trabajadores que ganan menos de Bs. 3000. Pero como dijo un gran pensador del foro: “¿se van a parar los jubilados?” No, pero incluso esa mente brillante algún día se jubilará.

Ante tanto vidrio, muchos profesores optan por buscar, no el oro pero si la plata, en otra parte. En los últimos 3 años más de mil profesores han presentado su renuncia en la UCV y la Simón Bolívar, sin contar con aquellos que han decidido jubilarse. Y eso por nombrar solo las mas representativas. En nuestra universidad también conocemos profesores brillantes que deciden renunciar o jubilarse. De más esta decir que los países vecinos agradecen enormemente estas políticas anti-universitarias.

Estoy segura que la ICCU luce mejor que la IICCU, si llega a darse. Probablemente el rector de turno forme parte de los sindicatos de obreros y empleados que la negocien. Tal vez para ese entonces las cuentas ya no sean ni siquiera de vidrio, sino de papel. Para ese entonces ya no habrá más nada que sacrificar;  ya no habrá universidad. 

EL TIEMPO ES ORO

Entre tantas carestías que padecemos  actualmente los venezolanos, debemos agregar una más: el tiempo.  Aunque a más de uno nos sobra mes al final de sueldo, el tiempo tampoco nos alcanza.

¿Y cómo medir el valor del tiempo? El  sistema de asignación de precios que rige los mercados, es básico para poder determinar el valor monetario de los bienes y servicios ofrecidos. No confundamos precio con valor, concepto mucho más complejo. Pero podemos pensar en el  segundo como una materialización del primero.  Los economistas se las han ingeniado para asignar un precio incluso a aquellos bienes que carecen de mercado como lo

son ríos, paisajes, etc., o la vida de las personas. Claro que de esto último los sicarios saben más que nadie y la inseguridad en la que vivimos en Venezuela nos hace creer que ya la vida humana no vale para nada.

La teoría del valor-trabajo de Adam Smith asume que el trabajo es la unidad de medida del valor de las cosas y, por ende, el precio de un bien depende de las horas de trabajo requeridas para producirlo. Incluso Marx consideraba que el valor de la mercancía debía medirse con base en el trabajo que involucra, aunque desde el punto de vista de las relaciones sociales de producción. Por supuesto que existen otros factores que determinan los costos y, por ende, el precio de un bien o servicio, pero definitivamente el trabajo es uno de los más importantes.  Y el precio de una hora de trabajo es fácil de calcular, con base en el salario que devenga el trabajador.

Con estas ideas en mente, pongámosle precio a todo el recurso humano que a diario se pierde en nuestro país. De nuevo, no hablo de  las vidas, generalmente jóvenes, que se pierden a manos del hampa. No porque no tengan precio, que si lo pueden tener, sino porque son invaluables. Me refiero, por ejemplo, a:

a) Las horas que pasan los sumisos ciudadanos para comprar un pollo, un tubo de pasta de dental, un rollo de papel higiénico, una bolsa de leche… Y no todo en una misma cola. Porque en los Mercales y en los Bicentenarios, hay cola cuando hay algo que comprar. Ese tiempo es un valioso recurso perdido, por cuya pérdida no sólo no es compensado el ciudadano, sino que además se le hace creer que debe algún tipo de agradecimiento o, cuando menos, no debe manifestar su descontento sonando la cacerola que, de común, se mantiene vacía. 

Digamos que no trabajan, al igual que no lo hace un subestimado 9% de la población económicamente activa; digamos que trabaja en el sector informal, como lo hace un 45% de la población económicamente activa. Igual constituye una pérdida de recurso que podría emplearse en producir algo para nuestra desabastecida economía. A ello debemos agregar el tiempo que perdemos yendo de un lado a otro en busca de productos de primera necesidad, moviéndonos a través de los estacionamientos en que se han convertido nuestras calles y avenidas, pues ni se han construido nuevas, ni se han mantenido las existentes.

b)Las horas de trabajo que los empleados públicos, por propia voluntad o por imposición, dedicaron a hacerle campaña a Maduro (antes a Chavez) o a rendirle tributo a Chávez. No dejaron pendientes actas que asentar, permisos que otorgar, solicitudes que estudiar, etc, etc? ¿Quién le repone al país el tiempo perdido  por ese trabajo no cumplido? Y no estoy hablando de la violación de la Constitución que dicho proceder implica. Si querían hacer campaña, ¿no debieron hacerlo en sus ratos libres?

c) ¿Quién compensará a nuestros hijos y nietos por el tiempo de clases perdido gracias a los continuos procesos electorales? Antes, las elecciones apenas si significan una suspensión de actividades de uno o dos días; ahora se requiere al menos una semana. Siendo que el precio de la hora de trabajo depende de la calidad de la misma, y ésta, a su vez, es función del  capital humano, estas suspensiones implican una pérdida  a futuro. ¿O será que  un pueblo ignorante es más fácil de controlar?

d) Las horas de trabajo de los ministros, diputados y demás personeros del gobierno, incluido el presidente. Cierto es que Chávez hablaba por horas y horas. Pero después de todo, entre arañas y cafés, esa era su forma de girar instrucciones en cuanto a lo que cada ministro debía hacer y cada diputado debía decir. Cierto que era una gran pérdida de tiempo pues, durante esas horas, cada uno dejaba de cumplir con su trabajo. Pero, ¿qué podemos decir del nuevo gobierno que al saberse no apoyado por la mayoría y carente de la fuerza de su líder, recurre a repetitivas cadenas diarias, no para informar sino para amenazar? Será por tantas cadenas, de antes y de ahora,  que los ministerios no conocen la situación de los servicios que deben atender y por ende no los atienden? ¿Será por tanta cadena que nos hemos convertido en un país importador de todo, hasta de gasolina, de cuya producción antes hacíamos alarde? ¿Quién gobierna este país si todos están permanentemente  en cadenas?. Ahh!!, perdón, retiro lo dicho. Ya sé, ya se. El que gobierna este país no vive en él, ni es ciudadano venezolano. Vive en una isla en el Caribe, en la que no importa si se pierde tiempo o no, el dinero llegará igual a cambio de instrucciones.

En todo caso, se entiende que el precio del tiempo que gastan nuestros políticos en las cadenas se puede calcular. El sonido de las cacerolas cada vez que Maduro interrumpe una rueda de prensa de Capriles…no tiene precio.