Esta semana entró en vigencia la Primera Contratación Colectiva Única (ICCU) que regirá el destino de las universidades públicas venezolanas durante dos años. Lo que ocurra después es totalmente incierto, por cuanto el contrato no sólo no aclara las acciones a seguir al término del mismo, sino que explícitamente establece que no se puede hacer ningún tipo de modificación ni mejora durante su vigencia. Así, si la inflación del año entrante supera la de este, escenario bastante probable dada la ineptitud de este gobierno, nos tendremos que conformar con el 25% de aumento establecido.
Esta inseguridad futura es una de las tantas cosas que aceptaron los sindicatos de izquierda que se sentaron con el gobierno a negociar la ICCU, ignorando las demandas del otro sector universitario que mayoritariamente se ha mostrado siempre en contra del régimen. Hace tiempo ya que en Venezuela la voz de la mayoría es ignorada al elegir presidente, asambleístas y, ahora, el futuro de las universidades.
Los sectores universitarios menos preparados intelectualmente, pero con rodillas más flexibles, se erigen (al menos así se lo hace creer el gobierno) como artífices de esta contratación, cuya lectura nos hacen recordar los collares de cuentas de vidrio que los conquistadores entregaban a los indígenas, a cambio de oro. Y es que la analogía no podría ser mejor: beneficios económicos, relativamente atractivos pero peligrosamente inviables, a cambio de la violación de la ley de universidades y de la constitución, particularmente el artículo 109, uno más de tantos artículos violados, que garantiza que las universidades se rijan por su propio criterio. Según estos sectores, la academia (palabra despreciada por aquellos profesores, empleados y obreros que no la entienden y/o no la practican), es soslayable. Al fin y al cabo son ciegos seguidores de un gobierno que, con un presupuesto por años reconducido, ha venido violando consistentemente el deber del Estado de otorgar recursos suficientes a las universidades, consagrado en el artículo 110 de dicha Constitución, mas en época de abundancia.
Desgranemos las cuentas del collar que estos sindicatos han aceptado:
1) Se ofrece un Sistema Integrado de Salud que cubra a trabajadores activos, contratados, jubilados, pensionados, sobrevivientes y su grupo familiar. Sin embargo, el penoso estado de los centros asistenciales públicos nos dan fe de la incapacidad de este gobierno en materia de salud, similar a la de nuestros administradores del IPP. Ello, aunado a la tradicional insolvencia de las aseguradoras públicas nos indican que un seguro privado será nuestra mejor alternativa, siempre que lo podamos pagar.
2) Esta misma insolvencia gubernamental es la que nos hace preguntarnos cuánto tiempo deberán esperar el trabajador o sus familiares para cobrar el seguro de accidentes personales y de vida, según sea el caso, ofrecido en el contrato, “sin costo alguno para los trabajadores”. Esperemos también que no pase mucho tiempo para que los familiares reciban el reintegro de los gastos fúnebres contemplado en el contrato. Téngase presente que los sindicatos serán los que negocien dichos seguros!!!
3) Exámenes médicos periódicos: ¿en las mismas instalaciones desabastecidas por el gobierno o cubiertos por las insolventes aseguradoras públicas?
4) Cobertura del 100% del costo de los medicamentos: esta es una de las cuentas más llamativas del collar: ¿Hay medicamentos disponibles? ¿Nos los van a pagar incluso si los compramos en el exterior? Conozco casos de personas que han tenido que traer de afuera los medicamentos para su tratamiento de cáncer, porque ni en el VADAM no los hay. ¿Estará vivo el paciente para cuando el gobierno apruebe su pago o, incluso, el reembolso?
5) Acceso a IPASME: Me pregunto si el gobierno habrá estudiado el impacto que sobre esta institución, de por si colapsada, tendrá el que ahora TODOS los trabajadores universitarios tengan acceso a tal servicio.
6) Planteles educativos, incluyendo educación inicial, dentro y fuera de las instalaciones universitarias para atender a los hijos de los trabajadores. ¿Habrá el gobierno hecho el estudio de la viabilidad de esta oferta, del costo de construcción y dotación de las nuevas edificaciones y de la contratación del personal requerido para atenderlas?
7) Construcción de viviendas: ¿ello ocurrirá después o antes de que el Ministerio de Vivienda y Hábitat termine de construir las ciento de miles de viviendas ofrecidas y aun no realizadas? ¿Tiene el Estado recursos para ello? Temo que ya el enviado de Dios nos dejó sin nada.
8) Facilidades para la adquisición de otro artículo en vías de extinción, vehículos: ¿será que el gobierno va a garantizar que haya vehículos para adquirir?
¿No sería conveniente que el gobierno otorgara los ajustes salariales como es debido y le dé al trabajador la libertad para poder contratar el servicio de salud de su preferencia, o adquiera el vehículo y la vivienda a su alcance? Sin duda que sería un beneficio real para el trabajador y no una mera oferta de ilusiones. En cambio, con la ICCU no se harán viviendas, se caerá en mora con los seguros, etc. Por que habrían de cambiar las cosas ahora que ya el tesoro publico ha sido saqueado?
¿Qué sacrificaron estos “representantes” universitarios a cambio de tan preciosos cristales (ignoré adrede algunas otras ofertas de la ICCU porque resultan penosas, como por ejemplo el reducido número de alumnos por aula o el acceso a recreación)?: Primera, la seguridad de la que hablábamos inicialmente. Con todo y que las normas de homologación fueron violadas por gobiernos anteriores, siempre fue posible proyectar gastos a futuro con base en un sueldo que sabíamos que de uno otra manera se aumentaría. Podemos hacer tales proyecciones con un gobierno que no otorgó aumento alguno durante los años de mayor riqueza petrolera? Segundo, el derecho de las universidades a regirse por sus propios criterios; la ICCU no resuelve las ineficiencias de tales criterios y elimina sus bondades. Tercero, los jubilados. La ICCU otorga al gobierno su tan anhelado trato diferencial a los jubilados. La clausula 60 habla de los porcentajes de ajuste aplicables a los jubilados, los cuales son muy diferentes a los de los activos de similar condición. Tales porcentajes solo benefician a los trabajadores que ganan menos de Bs. 3000. Pero como dijo un gran pensador del foro: “¿se van a parar los jubilados?” No, pero incluso esa mente brillante algún día se jubilará.
Ante tanto vidrio, muchos profesores optan por buscar, no el oro pero si la plata, en otra parte. En los últimos 3 años más de mil profesores han presentado su renuncia en la UCV y la Simón Bolívar, sin contar con aquellos que han decidido jubilarse. Y eso por nombrar solo las mas representativas. En nuestra universidad también conocemos profesores brillantes que deciden renunciar o jubilarse. De más esta decir que los países vecinos agradecen enormemente estas políticas anti-universitarias.
Estoy segura que la ICCU luce mejor que la IICCU, si llega a darse. Probablemente el rector de turno forme parte de los sindicatos de obreros y empleados que la negocien. Tal vez para ese entonces las cuentas ya no sean ni siquiera de vidrio, sino de papel. Para ese entonces ya no habrá más nada que sacrificar; ya no habrá universidad.
